Escrito presentado en concentracion de mujeres en la PPDH

Licenciado Oscar Humberto Luna.
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Presente.



Nosotras, madres y esposas de Privados de Libertad recluidos en diferentes Centros Penales a Usted con todo respeto EXPONEMOS:

Es el caso que durante más de seis meses, continua y sistemáticamente hemos denunciado violaciones a los Derechos Humanos, en la Institución que Usted muy diligentemente Preside, asimismo en algunos Juzgados de Vigilancia y en la misma Dirección General de Centros Penales, sin recibir ni obtener hasta este día ninguna solución favorable a nuestras denuncias, negándosenos el derecho a repuesta como una protección a nuestras garantías fundamentales como seres humanos; las denuncias que en reiteradas ocasiones hemos hecho son por: ABUSO DE AUTORIDAD, AMENAZAS, INJURIA, DIFAMACION,AGRECIONESSEXUALES,TORTURA PSICOLOGICA Y LA PROHIBICION DE INGRESO DE MENORES FAMILIARES DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENALES, estas acciones son perpetradas continuamente por miembros de la Fuerza Armada en los Centros Penales donde ejecutan tareas de seguridad, en ese sentido sabemos que todos estos procedimientos no están fundamentados ni amparados en ninguna ley de la República de El Salvador, es mas estos actos acarrean sanciones penales establecidos en nuestro Código Penal así como violatorio a la Constitución de la República. En consecuencia siendo una obligación del Estado asegurar la justicia social, el respeto de los derechos de los ciudadanos/as como lo establece el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución de la República, nos sentimos desconcertados/as ante la negativa de los Funcionarios Públicos del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y Justicia, ya que en su afán de mantener la seguridad están violentando los Derechos y Garantías, de ciudadanos/as siendo nuestro único delito ser familiares de personas que ya están pagando sus equivocaciones a la sociedad con la restricción de su libertad, es triste que los Funcionarios encargados de ejecutar justicia estén olvidándose completamente que un decreto no es suficiente razón para invalidar los Derechos y Garantías como lo establece el artículo 235 de la Constitución y como Funcionarios Públicos están obligados bajo juramento a cumplir la ley primaria de la República y al no hacerlo violentan lo establecido en el artículo 241 de la misma ley; asimismo el artículo 246 de la Constitución establece que “los Principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos” Es decir que ningún decreto puede contener disposiciones contrarias a la Constitución por lo tanto bajo estas circunstancias y en el contexto actual, pareciera que se está ejecutando una conspiración encaminada para hacer creer que la represión es un método efectivo para disminuir los altos niveles de violencia que vive el país, cuando irónicamente las estadísticas no reflejan que dichas acciones estén mejorando la seguridad y se necesita de planes estratégicos más inteligentes, para que la seguridad no violente las Garantías Constitucionales de las ciudadanos/as. Sumándose a ello la prohibición del ingreso de menores a los Centros Penales, si bien es cierto lo justifican diciendo que es por la seguridad de los menores, cuando han sido los miembros de la Fuerza Armada los que con sus acciones de registro inapropiadas en los menores obligaron a las Autoridades de los Centros Penales a prohibir el ingreso de estos; lo cual no está ayudando al apoyo familiar de los Privados de Libertad, cuando la Constitución misma establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y con el hecho que los Privados de Libertad convivan por un momento con sus hijos ayuda psicológicamente a la rehabilitación de estos a la reinserción a la sociedad. Por lo antes expuesto, instamos a su persona para que en calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, haga las gestiones pertinentes en cuanto a:

Un pronunciamiento público que denuncie todas las violaciones que están sufriendo los visitantes y familiares en los diferentes Centros Penales, dónde el Ejército ejecuta tareas de seguridad.

Que solicite al Fiscal General de la República una investigación a fondo, a fin de deducir responsabilidades sobre todos aquellos miembros del Ejército que están cometiendo delitos y se les aplique las sanciones pertinentes.



San salvador, a los siete días, del mes de marzo del año dos mil once.








Atentamente: Comité de familiares pro-privados de libertad COFA-PPL