viernes, 29 de abril de 2011
La verdad que no se quiere hablar
A mas de un año de haber involucrado al ejercito en tareas de seguridad, para los entendidos en el tema, la participación de ejercito a sido un rotundo fracaso.los índices de violencia lejos de disminuir han aumentado considerablemente y todos los ciudadanos, lo sabemos porque lo vivimos a diario, irónicamente solo el gabinete de seguridad no lo ve así muestran estadísticas en las que hasta ellos mismos se contradicen, pero como dicen no hay peor ciego que el que no quiere ver. La represión contra los familiares de privados de libertad, alcanzó niveles exagerados, hay mas de 70 casos puestos sobre la mesa del gabinete de Seguridad del gobierno que hablan de hombres y mujeres sometidas a vejaciones y reclusos maltratados. Contra las mujeres hay desde registros indecorosos —mujeres militares que les registran el ano y la vagina para detectar objetos ilícitos— hasta castigos caprichosos: las paran bajo el sol durante horas antes y después de consumada la visita. A algunas las han obligado a tomar aceite de ricino como purgante; a otras, a hacer 150 flexiones de piernas para que expulsen lo que haya que expulsar. Pero el detalle de las denuncias —que ya están saturando a la Procuraduría de Derechos Humanos— no ha salido a la luz pública. Pudiera ser que a alguien se le vaya la mano. Pero esa no es la generalidad. el ministro de defenza dice que Son situaciones excepcionales. El 98% de las denuncias son infundadas.pues a si lo confirman la inteligencia militar,ademas Cualquiera puede ir a denunciar y son tantas las denuncias que la PDDH no puede ir a investigar. No puede, sencillamente. No da abasto—“mientras en la Procuraduría se encuentra en la actualidad documentando una gran cantidad de denuncias presentadas por mujeres que visitan los centros penales que están bajo responsabilidad de la Fuerza Armada, sobre las cuales se emitirá un informe especial en el que se detallarán las denuncias y se establecerá si la actuación de los soldados ha sido violatoria de los derechos humanos”, dice el informe En la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hay un informe enviado por el procurador Óscar Luna en donde se habla de 34 denuncias hasta enero de 2011. Los denunciados son los soldados que cuidan los penales de ciudad Barrios, Cojutepeque, Chalatenango, san francisco gotera, Zacatecoluca,izalco,apanteos,mariona,quezaltepeque, lo triste es que las autoridades siguen evadiendo esta problemática pidiendo pruebas, y aunque hay unos dictámenes contundentes de algunos hospitales donde se confirma la provocación de abortos, sencillamente no ha hecho nada, muchos dirán que estos reos no tienen derecho a nada, y ese es uno de los errores mas grandes ya que no podemos pagar mal con mal, y el estado tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de los privados de libertad, educarlos y formarlos para su reincorporación a la soiedad.cuando entendamos que la represión genera mas convulsión, y descubramos que a través del dialogo sincero y honesto, hay mejores resultados, de los que hasta hoy se han logrado. Es entonces cuando verdaderamente habremos iniciado el camino del cambio.
martes, 8 de marzo de 2011
Escrito presentado en concentracion de mujeres en la PPDH
Licenciado Oscar Humberto Luna.
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Presente.
Nosotras, madres y esposas de Privados de Libertad recluidos en diferentes Centros Penales a Usted con todo respeto EXPONEMOS:
Es el caso que durante más de seis meses, continua y sistemáticamente hemos denunciado violaciones a los Derechos Humanos, en la Institución que Usted muy diligentemente Preside, asimismo en algunos Juzgados de Vigilancia y en la misma Dirección General de Centros Penales, sin recibir ni obtener hasta este día ninguna solución favorable a nuestras denuncias, negándosenos el derecho a repuesta como una protección a nuestras garantías fundamentales como seres humanos; las denuncias que en reiteradas ocasiones hemos hecho son por: ABUSO DE AUTORIDAD, AMENAZAS, INJURIA, DIFAMACION,AGRECIONESSEXUALES,TORTURA PSICOLOGICA Y LA PROHIBICION DE INGRESO DE MENORES FAMILIARES DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENALES, estas acciones son perpetradas continuamente por miembros de la Fuerza Armada en los Centros Penales donde ejecutan tareas de seguridad, en ese sentido sabemos que todos estos procedimientos no están fundamentados ni amparados en ninguna ley de la República de El Salvador, es mas estos actos acarrean sanciones penales establecidos en nuestro Código Penal así como violatorio a la Constitución de la República. En consecuencia siendo una obligación del Estado asegurar la justicia social, el respeto de los derechos de los ciudadanos/as como lo establece el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución de la República, nos sentimos desconcertados/as ante la negativa de los Funcionarios Públicos del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y Justicia, ya que en su afán de mantener la seguridad están violentando los Derechos y Garantías, de ciudadanos/as siendo nuestro único delito ser familiares de personas que ya están pagando sus equivocaciones a la sociedad con la restricción de su libertad, es triste que los Funcionarios encargados de ejecutar justicia estén olvidándose completamente que un decreto no es suficiente razón para invalidar los Derechos y Garantías como lo establece el artículo 235 de la Constitución y como Funcionarios Públicos están obligados bajo juramento a cumplir la ley primaria de la República y al no hacerlo violentan lo establecido en el artículo 241 de la misma ley; asimismo el artículo 246 de la Constitución establece que “los Principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos” Es decir que ningún decreto puede contener disposiciones contrarias a la Constitución por lo tanto bajo estas circunstancias y en el contexto actual, pareciera que se está ejecutando una conspiración encaminada para hacer creer que la represión es un método efectivo para disminuir los altos niveles de violencia que vive el país, cuando irónicamente las estadísticas no reflejan que dichas acciones estén mejorando la seguridad y se necesita de planes estratégicos más inteligentes, para que la seguridad no violente las Garantías Constitucionales de las ciudadanos/as. Sumándose a ello la prohibición del ingreso de menores a los Centros Penales, si bien es cierto lo justifican diciendo que es por la seguridad de los menores, cuando han sido los miembros de la Fuerza Armada los que con sus acciones de registro inapropiadas en los menores obligaron a las Autoridades de los Centros Penales a prohibir el ingreso de estos; lo cual no está ayudando al apoyo familiar de los Privados de Libertad, cuando la Constitución misma establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y con el hecho que los Privados de Libertad convivan por un momento con sus hijos ayuda psicológicamente a la rehabilitación de estos a la reinserción a la sociedad. Por lo antes expuesto, instamos a su persona para que en calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, haga las gestiones pertinentes en cuanto a:
Un pronunciamiento público que denuncie todas las violaciones que están sufriendo los visitantes y familiares en los diferentes Centros Penales, dónde el Ejército ejecuta tareas de seguridad.
Que solicite al Fiscal General de la República una investigación a fondo, a fin de deducir responsabilidades sobre todos aquellos miembros del Ejército que están cometiendo delitos y se les aplique las sanciones pertinentes.
San salvador, a los siete días, del mes de marzo del año dos mil once.
Atentamente: Comité de familiares pro-privados de libertad COFA-PPL
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Presente.
Nosotras, madres y esposas de Privados de Libertad recluidos en diferentes Centros Penales a Usted con todo respeto EXPONEMOS:
Es el caso que durante más de seis meses, continua y sistemáticamente hemos denunciado violaciones a los Derechos Humanos, en la Institución que Usted muy diligentemente Preside, asimismo en algunos Juzgados de Vigilancia y en la misma Dirección General de Centros Penales, sin recibir ni obtener hasta este día ninguna solución favorable a nuestras denuncias, negándosenos el derecho a repuesta como una protección a nuestras garantías fundamentales como seres humanos; las denuncias que en reiteradas ocasiones hemos hecho son por: ABUSO DE AUTORIDAD, AMENAZAS, INJURIA, DIFAMACION,AGRECIONESSEXUALES,TORTURA PSICOLOGICA Y LA PROHIBICION DE INGRESO DE MENORES FAMILIARES DE INTERNOS EN LOS CENTROS PENALES, estas acciones son perpetradas continuamente por miembros de la Fuerza Armada en los Centros Penales donde ejecutan tareas de seguridad, en ese sentido sabemos que todos estos procedimientos no están fundamentados ni amparados en ninguna ley de la República de El Salvador, es mas estos actos acarrean sanciones penales establecidos en nuestro Código Penal así como violatorio a la Constitución de la República. En consecuencia siendo una obligación del Estado asegurar la justicia social, el respeto de los derechos de los ciudadanos/as como lo establece el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución de la República, nos sentimos desconcertados/as ante la negativa de los Funcionarios Públicos del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad y Justicia, ya que en su afán de mantener la seguridad están violentando los Derechos y Garantías, de ciudadanos/as siendo nuestro único delito ser familiares de personas que ya están pagando sus equivocaciones a la sociedad con la restricción de su libertad, es triste que los Funcionarios encargados de ejecutar justicia estén olvidándose completamente que un decreto no es suficiente razón para invalidar los Derechos y Garantías como lo establece el artículo 235 de la Constitución y como Funcionarios Públicos están obligados bajo juramento a cumplir la ley primaria de la República y al no hacerlo violentan lo establecido en el artículo 241 de la misma ley; asimismo el artículo 246 de la Constitución establece que “los Principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos” Es decir que ningún decreto puede contener disposiciones contrarias a la Constitución por lo tanto bajo estas circunstancias y en el contexto actual, pareciera que se está ejecutando una conspiración encaminada para hacer creer que la represión es un método efectivo para disminuir los altos niveles de violencia que vive el país, cuando irónicamente las estadísticas no reflejan que dichas acciones estén mejorando la seguridad y se necesita de planes estratégicos más inteligentes, para que la seguridad no violente las Garantías Constitucionales de las ciudadanos/as. Sumándose a ello la prohibición del ingreso de menores a los Centros Penales, si bien es cierto lo justifican diciendo que es por la seguridad de los menores, cuando han sido los miembros de la Fuerza Armada los que con sus acciones de registro inapropiadas en los menores obligaron a las Autoridades de los Centros Penales a prohibir el ingreso de estos; lo cual no está ayudando al apoyo familiar de los Privados de Libertad, cuando la Constitución misma establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y con el hecho que los Privados de Libertad convivan por un momento con sus hijos ayuda psicológicamente a la rehabilitación de estos a la reinserción a la sociedad. Por lo antes expuesto, instamos a su persona para que en calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, haga las gestiones pertinentes en cuanto a:
Un pronunciamiento público que denuncie todas las violaciones que están sufriendo los visitantes y familiares en los diferentes Centros Penales, dónde el Ejército ejecuta tareas de seguridad.
Que solicite al Fiscal General de la República una investigación a fondo, a fin de deducir responsabilidades sobre todos aquellos miembros del Ejército que están cometiendo delitos y se les aplique las sanciones pertinentes.
San salvador, a los siete días, del mes de marzo del año dos mil once.
Atentamente: Comité de familiares pro-privados de libertad COFA-PPL
martes, 22 de febrero de 2011
LA VISITA
Quince días habían pasado desde la ultima ves que doña cecilia, hizo el ultimo intento por entrar a visita, en aquella ocasión le dijeron que había llegado tarde. Él soldado ya había recogido los documentos, no es culpa mía señora...las ordenes no son para discutir, sino para cumplir; exclamo en tono fuerte. Le dio la espalda y se alejo sin mas afán que terminar su misión...Cecilia iba con la esperanza de poder entrar y ver a su esposo, el padre de sus tres hijos… y a pesar que otro soldado le increpo que no valía la pena visitar a ese delincuente, ella lo ignoro conteniéndose en su pecho las ganas de decirle un par de malas palabras, Aferrándose a la esperanza, qué la próxima visita si podría entrar. Los días transcurrieron en la incertidumbre de los rumores, cecilia se preparo para tratar de no quedarse con la angustia de perder la visita, está vez llego desde un día antes, pidió permiso en la maquila que trabaja, sin importarle que esto significaría que le descontaran el septimo, aunque el dinero es necesario para los gastos de casa, era mas poderoso el deseo de ver a su esposo. En el desamparo de la noche, sin mas compañía que otras mujeres, que esta en su misma situación, la vigilia se extiende hasta la madrugada, y es interrumpida únicamente por la voz grave de un soldado, que le dice al grupo de mujeres donde esta Cecilia que si quieren entrar a visita, tiene que colaborar con el aseo, a lo cual todas responden en coro: bueno.la tarea finaliza y Cecilia se siente optimista que hoy si podrá entrar al penal, influenciada por la alegría de ser de las primeras visitantes, sé olvida por unos instantes del ajetreo de su largo viaje, tiene tantas cosas que compartir con su esposo, Carlitos su hijo menor siempre pregunta por su papa y ya empezó a botar los dientes de leche, Eduardo esta aprendiendo mecánica en un taller y estudia por la tarde, maricela su hija mayor estudia por la mañana y se a incorporado a un curso de cosmetología, a parte de ayudarle con los oficios de la casa. Pensando que es lo primero que contara a su esposo, ve salir un soldado que a paso firme va recogiendo los documentos, al finalizar.les dice vamos a ver quien tiene suerte, comienza a barajar el manojo de los documentos como si fuera un naipe, comienza a escoger al asar, y uno a uno comienza dar los nombres de las que podrán entrar…Cecilia ora en silencio con mas fe que un creyente, para que el soldado pronuncie su nombre. al final sus oraciones parecen a haber sido escuchadas, y ella es nombrada entre el primer grupo de las mujeres que entraran al penal, ya en el cubículo de registro una mujer con gorro navarone le indica que debe quitarse la ropa, ella obedece la orden, dejando al desnudo sobre su espalda, el tatuaje de una mariposa con los nombres de sus tres hijos formando un circulo que la envolvían, la mujer uniformada luego de hacer un gesto de repugnacia le dice que se vista, que por orden del general no podrá entrar, a partir de hoy la tatuadas ya no entraran mas al penal. Cecilia le dice que eso es ilegal, a lo que la mujer uniformada le responde aquí, nosotros somos la ley, Cecilia. llena de impotencia sale llorando cargada de anhelos frustrados…ahora no sabe que hacer,llena de interrogantes que mas falta por vivir... aborda un bus hacia san salvador, junto a ella un señor de unos setenta años va escuchando su historia y sus reproches hacia el ejercito, Cecilia desahogándose le cuenta que hoy siente que hay mas problemas que hace un año, dijeron que con el ejercito se disminuiría la violencia, pero cada día las cosas se ponen mas difíciles y parece que a nadie le importa, las autoridades ignoran las denuncias de violaciones a derechos humanos, actualmente la seguridad es sinónimo de represión, y la represión genera injusticia social, y mientras exista la injusticia social nada va a cambiar, desgraciadamente la gente del gobierno en su agenda solo hablan del presupuesto para incrementar la seguridad nacional. un alud de pensamientos se desborda en su mente y se queda en silencio… antes de bajar de autobús el anciano la mira con ternura, con una sonrisa quebrada le dice: hija siempre hay mentes perversas, y aunque parezca gracioso, todo conflicto al final es un buen negocio…
viernes, 18 de febrero de 2011
Registros indecorosos, principal denuncia en cárceles
Los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) comenzaron las labores de seguridad a finales de 2009. Desde entonces , según denuncias recibidas en la PDDH, han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos. La (PDDH) tiene 158 expedientes abiertos en contra de efectivos militares por haber cometido violaciones a los derechos humanos en sus tareas de seguridad pública. Siempre se mantienen –las denuncias en contra de la fuerza armada-“, dijo recientemente el procurador Oscar Luna.
Datos de la PDDH señalan que desde el 6 de noviembre de 2009 al 8 de febrero de este año tienen 120 expedientes contra efectivos de la FAES que realizan labores de seguridad en diferentes partes del país. También existen 38 expedientes contra los efectivos que realizan labores de seguridad en los centros penitenciarios.
Registros indecorosos, principal denuncia en cárceles
En el caso de los familiares –que visitan a los presos- la principal denuncia es el de los registros indecorosos,“Este era un tema bastante superado, más bien había sido una práctica casi erradicada en el sistema penitenciario hasta que la fuerza armada asume el control de las 11 cárceles que están actualmente”, agregó el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.
En este país el sistema penitenciario está constituido por 19 centros penitenciarios a nivel nacional, de los que 11 están siendo resguardados por efectivos militares. Poco a poco han ido aumentando las cárceles bajo el control militar. Inicialmente fueron cinco recintos: Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Izalco, Gotera y Chalatenango. Ahora también están controlados por los soldados los penales de Quezaltepeque, Cojutepeque, Mariona, Apanteos, San Vicente y el de Usulután.
Esta medida se tomó a mediado de 2010 para tratar de contrarrestar todas las extorsiones y homicidios que se ordenan desde las cárceles. Se estima que entre un 70 y 80 por ciento de las extorsiones son ejecutadas desde los recintos penitenciarios a través de teléfonos celulares, razón por la cual se han intensificado los registros.
A parte de los registros indecorosos y antihigiénicos que realizan, están los tratos degradantes. “Por ejemplo, las califican de prostitutas; las instan a ya no visitar a los presos porque son basura”.
También en los centros penales donde están los miembros de la FAES, la Dirección de Centros Penales “ha perdido absolutamente el control del ingreso de los familiares”, dijo Alegría.
“Incluso la misma Procuraduría de Derechos Humanos ha tenido obstrucciones en su labor de monitoreo de verificación, por parte de la fuerza armada, y con quienes nos entendíamos es con comandantes de la fuerza armada, no es con la Dirección de Centros Penales”, agregó.
Datos de la PDDH señalan que desde el 6 de noviembre de 2009 al 8 de febrero de este año tienen 120 expedientes contra efectivos de la FAES que realizan labores de seguridad en diferentes partes del país. También existen 38 expedientes contra los efectivos que realizan labores de seguridad en los centros penitenciarios.
Registros indecorosos, principal denuncia en cárceles
En el caso de los familiares –que visitan a los presos- la principal denuncia es el de los registros indecorosos,“Este era un tema bastante superado, más bien había sido una práctica casi erradicada en el sistema penitenciario hasta que la fuerza armada asume el control de las 11 cárceles que están actualmente”, agregó el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.
En este país el sistema penitenciario está constituido por 19 centros penitenciarios a nivel nacional, de los que 11 están siendo resguardados por efectivos militares. Poco a poco han ido aumentando las cárceles bajo el control militar. Inicialmente fueron cinco recintos: Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Izalco, Gotera y Chalatenango. Ahora también están controlados por los soldados los penales de Quezaltepeque, Cojutepeque, Mariona, Apanteos, San Vicente y el de Usulután.
Esta medida se tomó a mediado de 2010 para tratar de contrarrestar todas las extorsiones y homicidios que se ordenan desde las cárceles. Se estima que entre un 70 y 80 por ciento de las extorsiones son ejecutadas desde los recintos penitenciarios a través de teléfonos celulares, razón por la cual se han intensificado los registros.
A parte de los registros indecorosos y antihigiénicos que realizan, están los tratos degradantes. “Por ejemplo, las califican de prostitutas; las instan a ya no visitar a los presos porque son basura”.
También en los centros penales donde están los miembros de la FAES, la Dirección de Centros Penales “ha perdido absolutamente el control del ingreso de los familiares”, dijo Alegría.
“Incluso la misma Procuraduría de Derechos Humanos ha tenido obstrucciones en su labor de monitoreo de verificación, por parte de la fuerza armada, y con quienes nos entendíamos es con comandantes de la fuerza armada, no es con la Dirección de Centros Penales”, agregó.
actualmente los centros penales,son los lugares donde mas violaciones a derechos humanos se registran,y a pesar del pronunciamiento del relator internacional para prisiones a nivel latino americano,que hizo observaciones al estado salvadoreño para mejorar estas deficiencias,cada dia todo parece ir empeorando.
martes, 11 de enero de 2011
comunicado
EL COMITÉ DE FAMILIARES PRO PRIVADOS DE LIBERTAD COFA-PPL ANTE EL RECIENTE PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EXPONEMOS A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL LO SIGUIENTE:
Durante muchos años las leyes en nuestro país han sido ejecutadas y manipuladas por intereses personales de grupos de poder, creando de esta manera inseguridad jurídica. Que por temor o conveniencia durante muchos años se había callado. Siendo esta situación anormal, una de las causas mas relevantes para contribuir a los altos índices de violencia en nuestro país. Propiciando la impunidad en los mas acaudalados y poderosos de este país. En ese sentido queremos manifestar que las condenas altas no solamente son una pena perpetua e infamante, sino que también es una forma de tormento. Ya que todo individuo condenado a mas de 30 años pierde todo incentivo por cambiar, siendo este factor un aliciente para delinquir sin tener ya nada que perder.es por esta razón que consideramos acertada la posición de la corte suprema de justicia, ya que el estado tiene el deber y la obligación de fomentar un cambio conductual en toda persona que a delinquido y formarles hábitos de trabajo y educarles procurando su readaptación. por todo lo antes dicho es pertinente y obligado abordar el controvertido tema del articulo 103 de la ley penitenciaria, ya que en su puesta en practica no solo contradice la leyes primarias consagradas en la constitución de la republica, sino que contradice los principios de la ley en la cual se enmarca, ya que al imponer un ¨Régimen de internamiento Especial en el cual se atropellan los mas valiosos derechos fundamentales de las personas como seres humanos, sé deja como letra muerta lo establecido en los artículos:2,4,5,9 y 22 numerales uno y dos de la ley penitenciaria, que estipulan en su orden, que la ejecución de la pena deberá proporcionar al condenado las condiciones favorables a su desarrollo personal y que toda actividad penitenciaria se fundamentara en la constitución de la republica, quedando terminante prohibido la utilización de actos o procedimiento vejatorios en al ejecución de la pena. Así mismo con la aplicación del referido articulo de la ley, se desvalorizan a totalidad los derechos establecidos en el articulo 9 de la ley penitenciaria en sus numerales 4,6,8,9 y 10 que están adecuados a las reglas mínimas de tratamiento de reclusos aprobadas por la O.N.U no podemos omitir que la aplicación del articulo 103 no solo atenta contra la salud física y sicológica de lo privados de libertad, recluidos en el centro penal de Zacatecoluca, también promueve en su practica la desintegración familiar, contradiciendo lo establecido en el articulo 32 de la constitución de la republica, que instituye el deber del estado de brindar la debida protección a la familia y promover su integración como base fundamental de la sociedad.
Por tanto:
EL COMITÉ DE FAMILIARES PRO-PRIVADOS DE LIBERTAD, EXIGE:
1.- Se modifiquen inmediatamente el art. 45 del código penal y el 103 de la Ley Penitenciaria.
2.- Cese a los actos de tortura a las que son sometidos los internos del CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, y se investigue y castigue a los responsables de estos hechos.
3.-Se traslade inmediatamente a los internos del CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ, que tengan mas de dos años de estancia en el referido centro y no hayan sido legalmente evaluados.
EL COMITÉ DE FAMILIARES PRO-PRIVADOS DE LIBERTAD, EXIGE:
1.- Se modifiquen inmediatamente el art. 45 del código penal y el 103 de la Ley Penitenciaria.
2.- Cese a los actos de tortura a las que son sometidos los internos del CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, y se investigue y castigue a los responsables de estos hechos.
3.-Se traslade inmediatamente a los internos del CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, LA PAZ, que tengan mas de dos años de estancia en el referido centro y no hayan sido legalmente evaluados.
4.- Cese a los traslados ilegales hacia el CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, de internos que a la fecha están siendo procesados, según lo determina la ley. Que ya no continúen los traslados arbitrarios e ilegales de internos hacia el referido centro penal ya que estos deben hacerse respetando los procedimientos que la ley establece.
5.-Se les proporcione a los internos del centro penal de Zacatecoluca: a) Visita intima b) visita familiar con contacto físico c) se autorice alimentación y medicina a los internos con enfermedades crónicas d) se autorice una tienda institucional. e) se ponga a disposición de los internos la videoteca del referido centro penal. f) se impulsen verdaderos programas de reinserción social. g) se amplié el material de lectura proporcionado a los internos. f) se permita un televisor por sector. g) mayor acceso a la correspondencia y que la misma pueda ser en casos excepcionales por medio del correo nacional.
6.-No se excluya a los internos del CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, del goce de los beneficios de la LIBERTAD CONDICIONAL ORDINARIA Y LIBERTAD CONDICIOAL ANTICIPADA. Todo y cuando cumplan los requisitos que exige la ley.
6.-No se excluya a los internos del CENTRO PENAL DE ZACATECOLUCA, del goce de los beneficios de la LIBERTAD CONDICIONAL ORDINARIA Y LIBERTAD CONDICIOAL ANTICIPADA. Todo y cuando cumplan los requisitos que exige la ley.
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